El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha confirmado la incapacidad permanente absoluta de una mujer de 50 años, técnica de laboratorio, que padece hipersensibilidad ambiental y sensibilización química múltiple. La sentencia le reconoce una pensión de 1.360,24 euros, después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le hubiera denegado esta prestación.
El caso comienza en noviembre de 2021, cuando la trabajadora inicia una baja laboral que termina con una propuesta de incapacidad permanente. Según recoge la sentencia, presentaba fibromialgia, fatiga crónica, trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa y sensibilización química múltiple.
La Seguridad Social negó la incapacidad permanente pese a la baja laboral iniciada en 2021
En octubre de 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó la incapacidad permanente a esta mujer. ¿Qué hizo entonces? Acudió a los tribunales para reclamar el reconocimiento de una prestación que consideraba necesaria por sus limitaciones.
El Juzgado de lo Social número 2 de Palma le dio la razón y le concedió la incapacidad permanente absoluta. Este grado permite cobrar una pensión equivalente al 100% de la base reguladora de la persona beneficiaria. En su caso, la cuantía reconocida fue de 1.360,24 euros, con efectos retroactivos desde 2023.
Ante esta decisión, el INSS presentó un recurso de suplicación, por lo que el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
| Dato clave | Información del caso |
|---|---|
| Edad de la trabajadora | 50 años |
| Profesión | Técnica de laboratorio |
| Prestación reconocida | Incapacidad permanente absoluta |
| Pensión concedida | 1.360,24 euros |
| Organismo que la denegó | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
| Tribunal que confirma la pensión | TSJ de las Islas Baleares |
Con estos datos sobre la mesa, la clave estaba en determinar si sus dolencias le impedían trabajar de forma permanente. Y ahí es donde el tribunal puso el foco en los informes médicos.
Por qué el TSJ reconoce la pensión absoluta de 1.360,24 euros
Los magistrados dieron prioridad al informe pericial presentado por la defensa de la mujer y a su historial médico frente al dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social. Este último sostenía que no existían «limitaciones permanentes» que le impidieran trabajar.
Sin embargo, quedó probado que su situación le limita para desarrollar actividades que requieran esfuerzo físico o exposición a determinadas sustancias. Y claro, en una profesión como técnica de laboratorio, este punto no es precisamente menor.
Entre los elementos a los que no puede exponerse se encuentran:
- Productos de limpieza, colonias, perfumes, ambientadores, humos, reactivos químicos, gasolina, cloro de piscinas, barbacoas y tabaco.
Por tanto, el TSJ de las Islas Baleares confirmó la sentencia de instancia y reconoció que la trabajadora tiene derecho a la incapacidad permanente absoluta. Esto implica el cobro de una pensión de 1.360,24 euros, con efectos desde 2023.
La resolución supone un respaldo judicial a una trabajadora cuya enfermedad le impide mantener contacto con productos químicos y otras sustancias presentes tanto en el entorno laboral como en otros espacios cotidianos.
