Las subvenciones de vivienda financiarán alquiler asequible, realojos y rehabilitación. Los futuros inquilinos deberán acceder mediante procedimientos públicos de adjudicación.
El Gobierno ha autorizado subvenciones de vivienda por un máximo conjunto de 40.412.110 euros, pero no abre una convocatoria para particulares. El Real Decreto 726/2026, publicado en el BOE el 10 de septiembre, entró en vigor el día 11. A diferencia del Bono Alquiler Joven, estos fondos no se solicitan para pagar una mensualidad. Sus destinatarios son administraciones y entidades concretas que ejecutarán actuaciones de alquiler asequible, realojo, rehabilitación y otras actividades relacionadas con la vivienda.
Las subvenciones de vivienda financian proyectos, no pagos a los inquilinos
La norma no permite que cualquier ciudadano, autónomo o empresa privada presente una solicitud para recibir parte de este dinero. Los beneficiarios están identificados y cada aportación tiene una finalidad determinada. La concesión directa responde, según el decreto, al interés público, social y económico de esas actuaciones. Por tanto, tampoco se trata de una convocatoria que permita incorporar nuevos solicitantes hasta agotar los fondos.
Eso no significa que las viviendas puedan adjudicarse sin garantías. El BOE exige utilizar los registros territoriales de demandantes u otras fórmulas que aseguren un procedimiento objetivo, transparente y público. Para una familia interesada, el paso útil es consultar la oficina de vivienda correspondiente y comprobar cómo participar en esos procedimientos. Este decreto no fija un formulario nacional, una renta mensual única ni unos requisitos económicos comunes para todos los futuros inquilinos.
Cómo se reparten los 40,4 millones y qué actuaciones podrán financiarse
La suma de las ocho aportaciones máximas previstas asciende a 40.412.110 euros. No todo ese presupuesto se destina a construir pisos. También incluye realojos, rehabilitación, un encuentro especializado y actividades universitarias. Las cantidades siguientes son límites de financiación, no una confirmación de pagos ya realizados. Además, las resoluciones y convenios deberán concretar las actuaciones de cada entidad beneficiaria. Este es el reparto previsto.
| Entidad beneficiaria | Actuación financiada | Importe máximo |
|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | Realojo de familias de la Cañada Real | 8.375.000 euros |
| Área Metropolitana de Barcelona | Viviendas o alojamientos de alquiler asequible o social | 5.399.120 euros |
| Ayuntamiento de Barcelona | Viviendas o alojamientos de alquiler asequible o social | 15.777.360 euros |
| Diputación de Sevilla | Viviendas o alojamientos de alquiler asequible o social | 4.000.000 euros |
| Ayuntamiento de Éibar | Rehabilitación y regeneración del barrio de Murrategi | 3.000.000 euros |
| CASA 47 | Vivienda protegida para alquiler en Loma Colmenar, Ceuta | 3.560.630 euros |
| Ayuntamiento de Barcelona | Organización del HOUSSING SUMMIT 2026 | 250.000 euros |
| Cuatro universidades catalanas | Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda | 50.000 euros |
Las partidas del área metropolitana, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Sevilla suman 25.176.480 euros para promover alquiler asequible o social. El preámbulo exige que las viviendas promovidas tengan protección permanente para alquiler. Por su parte, la entidad CASA 47 financiará actuaciones vinculadas a unas 90 viviendas protegidas en Ceuta. Las universidades recibirán hasta 12.500 euros cada una. Junto al encuentro barcelonés, estas actividades reúnen 300.000 euros del presupuesto máximo.
El 1 de diciembre es un plazo administrativo, no para las familias
El 1 de diciembre de 2026 marca el final del plazo para emitir y notificar las resoluciones de concesión. El convenio o adenda de CASA 47 deberá formalizarse antes de esa fecha. Se trata de trámites entre el Ministerio de Vivienda y las entidades beneficiarias, no de una fecha límite para que las familias pidan una casa. Si no se notifica la resolución en plazo, la concesión puede entenderse desestimada.
Los proyectos de realojo, promoción y rehabilitación tendrán plazos de ejecución de hasta seis años, con posibilidad de solicitar hasta tres años adicionales. Esa ampliación no es automática y requiere autorización. El encuentro HOUSSING SUMMIT 2026 dispone de un máximo de un año y las actividades universitarias, de tres. Estos límites tampoco equivalen a una fecha de entrega de llaves. El calendario concreto dependerá de cada actuación.
Las entidades cobrarán por adelantado, pero deberán justificar las actuaciones
Las entidades recibirán la subvención en un único pago anticipado cuando sea eficaz la resolución, adenda o convenio correspondiente. Antes deberán presentar la documentación exigida y acreditar que están al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Podrán combinar estos fondos con otras ayudas, pero tendrán que comunicarlo. La financiación acumulada nunca podrá superar el coste de las actuaciones subvencionadas.
Una vez terminados los trabajos o actividades, dispondrán de tres meses para justificar el uso de los fondos. El incumplimiento total de los fines financiados puede obligar a devolver toda la subvención. Los incumplimientos parciales se someten a las reglas de reintegro previstas, y las cantidades sin justificar también deberán devolverse. El detalle del procedimiento, las obligaciones y los límites puede consultarse en el Real Decreto 726/2026.
