La organización alerta de que las nuevas pensiones no están aseguradas sin más reformas y plantea cambios en el periodo de cálculo, en el gasto público y en los impuestos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha trasladado al Gobierno central su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones en su informe plurianual sobre la economía española. Aunque a corto plazo se aprecia un escenario de crecimiento alentador, advierte de que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en prestaciones pueden poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas si no se actúa.
La OCDE pide ampliar a 35 años el periodo de cálculo de pensiones
Entre las medidas que pone sobre la mesa, la OCDE sugiere una reforma del sistema actual de pensiones que incluya ampliar a 35 años el periodo de referencia para calcular la prestación. En la actualidad, la pensión se calcula tomando como referencia las bases de cotización de los últimos 25 años, por lo que la propuesta alarga ese periodo y modifica la forma en la que se determina la cuantía final.
El organismo cifra el impacto de este cambio en 15.300 millones de euros. Además, se menciona un impacto inicial en el gasto público equivalente al 0,2% del PIB, lo que se traduce en unos 3.400 millones de euros, derivado en parte de los cambios en el sistema de pensiones. No es precisamente poca cosa, sobre todo cuando al mismo tiempo se reclama contener el gasto y reducir ineficiencias.
En el informe también se recogen otros ajustes vinculados a las pensiones y su coste estimado, que se resumen en la siguiente tabla:
| Medida propuesta en pensiones | Impacto estimado en euros o PIB |
|---|---|
| Impacto inicial ligado a cambios en el sistema de pensiones | 0,2% del PIB, unos 3.400 millones |
| Igualar cotizaciones de personas con prestaciones por desempleo | Gasto adicional de 11.900 millones |
| Restablecer ajuste de la pensión según esperanza de vida | Coste de 17.000 millones |
| Ampliar el periodo de cálculo de la pensión a 35 años | Impacto estimado de 15.300 millones |
Estos importes muestran la magnitud de las decisiones que se están valorando. ¿Hasta qué punto asumir estos costes puede ayudar a blindar el sistema o, por el contrario, obligar a nuevos ajustes en otros ámbitos del gasto público?
Cómo afectaría ampliar el periodo de referencia de 25 a 35 años
¿Qué supondría para los futuros jubilados pasar de un cálculo basado en 25 años a uno de 35? Actualmente se toman en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la jubilación para calcular la pensión. A partir de 2026 se iniciará un periodo transitorio de doce años en el que se ofrecerá una fórmula alternativa: computar los últimos 29 años cotizados y descartar los dos peores. La propuesta de la OCDE de ir hasta los 35 años supondría un cambio todavía más profundo en la base sobre la que se determina la prestación.
Para tener derecho a una pensión contributiva se exige un mínimo de quince años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los quince inmediatamente anteriores a la jubilación. Con este mínimo, el trabajador solo tendrá derecho al 50% de su base reguladora. El cálculo de dicha base se realiza dividiendo la base de cotización del mes anterior a la prestación entre el número de días a los que se refiere la cotización. Quien haya tenido periodos de desempleo o lagunas de cotización puede preguntarse si ese mínimo será suficiente para lograr una pensión adecuada.
La edad legal de jubilación se va retrasando paulatinamente, aunque en algunos casos es posible adelantarla. La jubilación anticipada puede ser voluntaria, se puede solicitar cuando falten dos años para la edad ordinaria y exige un periodo mínimo de cotización de 35 años. La duda para muchos trabajadores será si les compensa adelantar la jubilación asumiendo una posible reducción en la cuantía de la pensión.
Ajuste económico de casi 7.000 millones para reforzar las pensiones
Más allá del diseño concreto del cálculo de la pensión, la OCDE pide a España un ajuste adicional de casi 7.000 millones de euros. El impacto total sería del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones, mediante cambios en pensiones, en las prestaciones sociales, en los impuestos y en la forma de priorizar el gasto público, con el objetivo de reducir la deuda y mejorar la sostenibilidad económica en el medio plazo.
Las principales claves del ajuste propuesto se pueden resumir en estos puntos:
- Ajuste económico de casi 7.000 millones de euros, con un impacto del 0,4% del PIB, basado en reformas en pensiones y prestaciones sociales.
- Finanzas públicas que han mejorado en los últimos años, pero con la necesidad de mantener la consolidación fiscal para reducir la deuda de forma sostenida.
- Sistema tributario con alta carga sobre el trabajo por las cotizaciones sociales y baja presión sobre el consumo, que se propone reequilibrar hacia impuestos menos distorsionadores.
- Gasto público en la media de la OCDE, con mucho peso de pensiones y desempleo y una inversión pública en educación, servicios y economía que ha caído desde la crisis financiera.
La organización considera que el sistema tributario actual desincentiva la contratación por la elevada carga sobre el trabajo, mientras que los impuestos al consumo son relativamente bajos. Por tanto, apuesta por reorientar la presión fiscal hacia figuras que favorezcan la productividad y el empleo.
En cuanto al gasto, la OCDE subraya que España destina una parte importante a pensiones y prestaciones por desempleo, mientras que la inversión en sectores que impulsan el crecimiento, como la educación y los servicios públicos, se ha reducido de forma notable. La gran cuestión es cómo compatibilizar esa necesidad de invertir más con el objetivo de sostener unas pensiones adecuadas para una población cada vez más envejecida. No es un problema menor y, desde luego, no se resolverá de un día para otro.
