La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia una futura norma con mínimos legales según el tamaño de la plantilla y que se negociará en el diálogo social.
El Ministerio de Trabajo impulsará una nueva ley para ampliar la participación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas. La propuesta, anunciada este lunes por Yolanda Díaz, fijará umbrales legales mínimos en función del número de empleados y se llevará a una mesa de diálogo social con los agentes sociales.
La nueva ley de participación de los trabajadores en consejos de administración
El anuncio se ha realizado durante la presentación del Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo. Según ha confirmado el Ministerio (información recogida por Europa Press), se abrirá una mesa de diálogo social para negociar la iniciativa, del mismo modo que se hace para acordar otras medidas, como la subida del SMI.
En su intervención, Díaz defendió la necesidad de incorporar la voz de las plantillas en los órganos de decisión empresarial y dejó una comparación clara: “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”. Vamos, que si la empresa decide, la plantilla también tiene que pintar algo, ¿no?
La ministra explicó que la propuesta legislativa responde al compromiso del Gobierno de coalición y al desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución española, que apunta a promover la participación en la empresa, fomentar el cooperativismo y facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad.
Qué dice el informe de expertos sobre democracia en el trabajo en España
El informe presentado sostiene que España no ha tenido en cuenta de forma efectiva esas previsiones constitucionales. Y, además, pone sobre la mesa un paquete de medidas para reforzar la “democracia en el trabajo”. Entre las recomendaciones que recoge el documento destacan estas líneas de actuación:
- Reforzar las normas de los comités de empresa, sobre todo en información y consulta.
- Reconocer un nuevo derecho de los representantes de los trabajadores para configurar y dar su consentimiento al uso de la Inteligencia Artificial (IA).
- Incorporar a las personas trabajadoras en los consejos de administración, con mínimos obligatorios según el tamaño de la plantilla.
- Establecer nuevos umbrales para facilitar el acceso a la propiedad empresarial.
La idea de fondo es que la participación no se quede en lo formal, sino que tenga peso real en decisiones estratégicas. ¿Hasta qué punto puede cambiar esto el día a día en las empresas? Esa es una de las claves que se jugarán en la negociación.
España se sitúa a la cola europea en representación laboral corporativa
La presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, señaló que España está entre los países europeos con menor reconocimiento legal de la participación de los trabajadores en las empresas. Aunque existen comités de empresa y representación sindical, sostuvo que los derechos actuales son limitados y que no permiten una participación estratégica efectiva.
Ferreras también recordó que en Europa hay un amplio grupo de países que ya reconoce legalmente el derecho de los trabajadores a estar representados en los consejos de administración (en empresas públicas y, a menudo, también privadas), mientras que España aparece rezagada en esa comparación.
El índice de desarrollo democrático corporativo y su efecto en la contratación pública
El grupo de expertos propone, además, crear un índice de desarrollo democrático corporativo basado en dos escalas: una para medir el grado de “voz” y otra para medir el grado de “propiedad” de los trabajadores en cada empresa. Con esa calificación, se condicionaría el acceso de las compañías a la contratación pública del Ministerio de Trabajo.
Según el informe, “a nivel empresarial, las empresas avanzarán a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad”, y añade que “en 10 años, la economía española progresara de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales”, vinculando ese proceso a posibles ajustes en ayudas públicas y tipos impositivos.
Díaz defendió que el documento supone un avance en una reforma pendiente del modelo empresarial español y pidió a los constitucionalistas que lo acojan “con cariño”. Además, subrayó que no se puede aceptar un sistema en el que las empresas se gobiernen sin el consentimiento de las personas trabajadoras, reafirmando que el debate se llevará al diálogo social.
