Había estudiado Psicología, cursado el máster habilitante y aprobado unas oposiciones. Sin embargo, al intentar consolidar su plaza como orientadora educativa, la Consejería la declaró “no apta” antes de examinarse, sin evaluación presencial ni visita al centro donde ya trabajaba.
Por qué María Clares quedó fuera de la oposición y de la lista de interinos
Con un 85% de discapacidad por parálisis cerebral, María llevaba dos años orientando a alumnado adolescente cuando recibió la resolución. “Siento impotencia”, resumió en Directo al Grano. ¿Cómo se explica que alguien que ya trabaja pase a ser “no apta” sobre el papel? Según denuncia, nadie habló con ella ni la evaluó. “No he tenido acceso a ningún tipo de documento”.
Antes de seguir, estas son las claves del caso:
- El informe se emitió al amparo del artículo 16 del Decreto 54/2006.
- No hubo evaluación presencial ni visita al instituto.
- Quedó fuera de la oposición para consolidar plaza.
- También salió de la lista de interinos de 2023.
Su abogado denuncia dos irregularidades y sostiene que se vulnera su derecho de defensa. Además, asegura que han solicitado el expediente hasta en ocho ocasiones sin respuesta.
Las cifras de la convocatoria reflejan la dureza del acceso al empleo público docente
El caso se produce en uno de los procesos más competitivos de la educación madrileña. En 2026, la Comunidad de Madrid convocó 685 plazas para el Cuerpo de Maestros.
| Dato del proceso | Cifra |
|---|---|
| Plazas convocadas | 685 |
| Pedagogía Terapéutica | 162 |
| Educación Infantil | 149 |
| Inglés | 144 |
| Aspirantes por convocatoria | 25.000 a 30.000 |
En cada convocatoria se presentan entre 25.000 y 30.000 aspirantes, con una ratio aproximada de una plaza por cada 40 o 45 personas. No es poca cosa. María ya había superado esa criba y ejercía en el aula.
Qué revela este caso sobre discapacidad, empleo y derecho a la defensa
En 2026, unas 700.000 personas con discapacidad estaban activas en el mercado laboral, con una tasa de empleo del 28,9%. El sector servicios concentra más del 73% de esos puestos y el salario medio bruto anual ronda los 23.160 euros. ¿Qué mensaje deja un caso así?
Sobre el papel, la normativa ha avanzado y deberían primar los ajustes razonables frente a la exclusión. Una portavoz del colectivo lo resumió con una frase contundente: “Eso es una discriminación indirecta”.
Mientras la administración la considera “no apta”, una alumna afirma: “María es una de las personas que me ha salvado la vida”. Y ahí está la contradicción: el problema no aparece en el aula, sino en el expediente.
La polémica reabre el debate sobre los límites de la discrecionalidad administrativa y la protección efectiva de los derechos fundamentales en el acceso al empleo público. En nuestra sección de actualidad y derecho laboral analizamos otros fallos judiciales, interpretaciones legales y conflictos que marcan la relación entre trabajadores y administraciones.
