La ordenanza madrileña considera infracción leve utilizar aparatos de reproducción sonora sin auriculares y a elevado volumen en el exterior. La cuantía no es igual en toda España.
Usar un altavoz portátil a elevado volumen en una calle de Madrid puede terminar con una multa de hasta 750 euros. No se trata de una norma nueva. La Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid prohíbe esta conducta en el exterior. El Ayuntamiento sigue utilizando esta normativa dentro de su marco regulador en 2026.
Madrid considera infracción leve usar aparatos de reproducción sonora a elevado volumen
El artículo 45 de la ordenanza establece que el comportamiento en el exterior debe respetar el descanso y la tranquilidad de vecinos y viandantes. Entre las conductas prohibidas incluye utilizar aparatos de reproducción sonora sin auriculares cuando funcionan a elevado volumen.
La conducta aparece expresamente tipificada como infracción leve en el artículo 61. La norma vuelve a señalar los aparatos sin auriculares y funcionando a elevado volumen. El artículo 64 fija para las infracciones leves relativas a usuarios de la vía pública una multa de hasta 750 euros. Esto significa que 750 euros es el máximo previsto, no una cantidad que se imponga automáticamente en todos los casos.
La propia ordenanza obliga a mantener una proporcionalidad entre el comportamiento y la sanción. Para graduarla se tienen en cuenta las circunstancias del responsable, el daño causado y la intencionalidad. También se valoran la reiteración, la reincidencia y el periodo horario en el que se produzca la infracción.
La multa de 750 euros no se aplica igual en todos los municipios
No existe una multa estatal única de 750 euros por escuchar música con un altavoz en cualquier calle de España. La Ley 37/2003, del Ruido permite expresamente que las ordenanzas municipales tipifiquen infracciones relacionadas con el ruido generado por usuarios de la vía pública. La misma ley atribuye con carácter general a los ayuntamientos la potestad sancionadora en esta materia.
Además, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece los límites aplicables cuando no existe una previsión legal diferente. Su artículo 141 contempla hasta 750 euros para infracciones leves, 1.500 para graves y 3.000 para muy graves.
Las diferencias municipales son importantes. La Ordenanza Municipal del Ruido de Burgos vigente desde 2024 establece multas de hasta 600 euros para sus infracciones leves. Las graves pueden alcanzar 12.000 euros y las muy graves, 300.000 euros. La regulación concreta y la conducta sancionada deben comprobarse siempre en la ordenanza de cada municipio.
Este carácter municipal también aparece en otras cuestiones de convivencia. Las ordenanzas pueden establecer distintas multas municipales según la conducta, su gravedad y la localidad donde se produzca.
Los altavoces y la megafonía pueden estar sometidos a autorización municipal
La normativa madrileña diferencia entre escuchar música a elevado volumen y utilizar determinados sistemas de megafonía. El artículo 40 prohíbe, salvo excepciones, emplear en el exterior aparatos de megafonía o dispositivos sonoros para propaganda, avisos, reclamos y usos similares sin autorización previa.
Las actuaciones musicales reciben un tratamiento específico. La ordenanza madrileña impide utilizar en el exterior elementos de percusión, amplificación o reproducción sonora. Solo admite las actuaciones que puedan autorizarse en zonas delimitadas y que no perturben la convivencia vecinal.
Por este motivo, afirmar simplemente que cualquier altavoz necesita permiso puede resultar impreciso. En Madrid, el uso personal se sanciona cuando se realiza sin auriculares y a elevado volumen. Los sistemas de megafonía y determinadas actuaciones amplificadas sí pueden quedar sometidos a autorización municipal.
El importe final depende de la conducta y de las circunstancias
Una denuncia tampoco implica que todas las personas sancionadas deban pagar el máximo de 750 euros. La Administración debe graduar la sanción atendiendo a la gravedad de los hechos. La reincidencia, el horario o la intensidad de la molestia pueden influir en la cuantía finalmente impuesta.
Los conflictos por contaminación acústica pueden ir más allá del uso de un altavoz. Las administraciones también están obligadas a respetar los límites de ruido en sus servicios. Un ejemplo relacionado es el caso de las molestias por ruido provocadas por una barredora municipal en Avilés, que terminó en los tribunales.
Por tanto, quien vaya a utilizar altavoces, megafonía o sistemas de amplificación en un espacio público debe consultar primero la normativa de su ayuntamiento. La cifra de 750 euros es válida para el supuesto madrileño descrito, pero no puede trasladarse automáticamente a todos los municipios españoles.
