Inclusión, el INSS y el SEPE trabajan en el intercambio de datos para identificar a los beneficiarios que podrían recibir acompañamiento laboral. El programa todavía no tiene una convocatoria abierta ni una población participante definida.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó el 14 de septiembre de 2026 que trabaja junto al INSS y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en un proyecto piloto dirigido a mejorar la empleabilidad de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los organismos están preparando la interoperabilidad de sus datos antes de delimitar qué perceptores participarán y cuáles son sus necesidades laborales.
El SEPE necesita conectar sus datos con la Seguridad Social antes de iniciar el piloto
El proyecto nace dentro del Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026 y tiene un obstáculo previo que el propio BOE identifica. Los sistemas de información de la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo autonómicos todavía no tienen una interoperabilidad completa. Esta situación impide fijar por ahora objetivos cuantitativos específicos ajustados al número de beneficiarios del IMV que pueden participar en políticas de empleo.
Inclusión, el INSS y el SEPE están trabajando precisamente sobre ese intercambio de información. Después tendrán que determinar la población objeto del proyecto y realizar un diagnóstico de sus necesidades. Por tanto, no se ha anunciado una solicitud que los perceptores deban presentar, una fecha de inscripción ni unos requisitos específicos para participar. Quienes quieran comprobar las condiciones generales de esta prestación pueden consultar quién puede recibir el IMV en 2026.
El BOE ya obliga a incluir a los beneficiarios del IMV en las políticas activas de empleo
El piloto no aparece de forma aislada. El Real Decreto 240/2026, publicado el 26 de marzo, incorporó una disposición específica sobre la participación de las personas beneficiarias del IMV en las políticas activas de empleo. La norma establece que deben quedar comprendidas en las actuaciones desarrolladas por los servicios públicos de empleo estatales y autonómicos. También dispone que los planes anuales incluyan programas destinados a fomentar su empleo y mejorar su empleabilidad.
El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026 concreta este cambio. Su objetivo operativo 2.3 incluye expresamente a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos para los que deben desarrollarse servicios y programas de empleo. El documento señala además que se pretende avanzar durante 2026 en los mecanismos que permitan incorporar automáticamente la información a los sistemas de los servicios públicos de empleo.
Encontrar trabajo no significa perder automáticamente el Ingreso Mínimo Vital
Este acompañamiento laboral coincide con otro cambio aprobado en 2026 para intentar que acceder a un empleo no provoque la pérdida inmediata del IMV. El Real Decreto 240/2026 reformó el incentivo al empleo y simplificó el tratamiento de los incrementos de ingresos procedentes del trabajo o de una actividad económica. La modificación entró en vigor el 27 de marzo de 2026.
Cuando el incremento anual de estas rentas es igual o inferior a 6.000 euros, el 100% de ese aumento queda excluido del cómputo utilizado para calcular el IMV. Si supera los 6.000 euros, quedan exentos esos primeros 6.000 euros y el 50% del exceso. El porcentaje sube al 55% sobre ese exceso en determinadas unidades de convivencia con complementos por discapacidad o monoparentalidad. Estos cambios ya fueron explicados en la información sobre el nuevo incentivo al empleo del IMV.
El proyecto no afectará necesariamente a los 2,7 millones de beneficiarios del IMV
La última estadística del INSS muestra el tamaño del colectivo al que pertenece la población que se analizará. En agosto de 2026 el Ingreso Mínimo Vital llegaba a 893.820 hogares y 2.725.899 personas, con una prestación media de 502,8 euros mensuales por hogar. La nómina mensual ascendió a cerca de 474,7 millones de euros.
Estas cifras no deben confundirse con el número de posibles participantes en el proyecto. El 40,5% de las personas protegidas por el IMV son niños, niñas y adolescentes y el Gobierno todavía tiene que delimitar qué población será objeto del estudio. Tampoco se ha anunciado que todos los adultos perceptores vayan a incorporarse automáticamente. Hasta que Inclusión y el SEPE concreten el diseño, los beneficiarios no tienen que realizar ningún trámite específico para acceder a este piloto.
