El Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial la reducción de la jornada laboral para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), que pasarán de 37,5 a 35 horas semanales. La medida, pactada con los sindicatos, afectará a 250.000 trabajadores públicos, aunque su aplicación concreta dependerá ahora de cada departamento de la AGE.
Qué empleados públicos podrán acogerse a la jornada de 35 horas desde ahora
La instrucción publicada en el BOE limita esta reducción a la Administración del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. ¿La consecuencia? Los trabajadores de los ayuntamientos no podrán reclamar una rebaja automática de jornada amparándose en esta norma.
El texto deja claro que las entidades locales y otras administraciones seguirán rigiéndose por la normativa supletoria prevista en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, en los municipios donde ya exista un pacto para trabajar 35 horas, esa jornada seguirá vigente. Y donde se cierre un acuerdo desde ahora, también podrá aplicarse. Pero ojo, la instrucción por sí sola no cambia nada en los consistorios.
Antes de ver cómo queda el reparto, esta tabla resume quién entra y quién no en esta reducción general:
| Ámbito | Aplicación automática de 35 horas |
|---|---|
| Administración General del Estado | Sí |
| Organismos autónomos de la AGE | Sí |
| Seguridad Social | Sí |
| Ayuntamientos | No |
| Otras administraciones | No automática |
En resumen, la medida nace con alcance común dentro del Estado, pero no generalizado en toda la función pública.
Por qué los sindicatos rechazan la exclusión de ayuntamientos y empresas públicas
La exclusión no ha sentado bien a las organizaciones sindicales. Csif ha reclamado que la jornada de 35 horas se aplique en todos los ámbitos del Estado, incluidos ayuntamientos y empresas públicas, y advierte de posibles medidas legales si no se extiende.
Lo cierto es que las 35 horas ya son habituales en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, aunque no en todos. Barcelona las aplica desde principios de este año, mientras que en Terrassa o Tarragona ya estaban implantadas desde antes. En los servicios autonómicos ocurre algo parecido: en muchos casos ya están pactadas, aunque todavía no se aplican en Catalunya, Madrid, Galicia, Navarra y Aragón.
Además de la reducción horaria, la instrucción introduce una novedad en materia de conciliación. Se reconoce una hora de flexibilidad en el horario fijo de jornada para quienes estén en alguna de estas situaciones:
- Tener a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Esta decisión del Ejecutivo da cumplimiento al acuerdo firmado con CCOO, UGT y Csif y deja atrás la jornada de 37,5 horas vigente desde 2012. Era un compromiso pendiente desde 2022 y, por fin, ha llegado al BOE.
La implantación de las 35 horas abre un nuevo escenario en la organización del trabajo público y reaviva el debate sobre su extensión al conjunto de las administraciones. Más análisis sobre estos cambios en nuestra sección de sector público, donde repasamos convocatorias, condiciones laborales y decisiones que afectan al empleo en las administraciones.
